El Gobierno Nacional modificó las bases del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración de la Seguridad Social (ANSES) y el organismo no podrá otorgar créditos que se financien con ese dinero.
La decisión se hizo oficial mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 1039/2024, mediante el cual se derogan algunas cuestiones de la Ley N° 24.241, del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
En ese sentido, la medida deja sin efecto los incisos m) y n) del artículo 74 de la legislación mencionada, que establecían que la ANSES podía invertir el dinero del fondo en “contratos que se negocien en los mercados de futuros y opciones sujetos al contralor y supervisión oficial” y en “cédulas hipotecarias, letras hipotecarias y otros títulos valores que cuenten con garantía hipotecaria o cuyos servicios se hallen garantizados por participaciones en créditos con garantía hipotecaria”.
El Gobierno nacional considera que el FGS “no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para organizar la sustentabilidad del referido sistema y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.
“Durante el año 2023, la línea de créditos para trabajadores se ofreció con una Tasa Nominal Anual del 50%, mientras que la inflación anual registrada fue del 211,4 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que evidencia un perjuicio significativo en términos reales para los activos del FGS que atenta contra la preservación y sostenibilidad del mencionado Fondo”, ejemplificaron en el considerando de la norma.
Explicaron que “ofrecer créditos a tasas reales negativas implica un subsidio implícito a los beneficiarios de dichos créditos, en detrimento de los activos del Fondo y, por ende, de todo el resto de los beneficiarios y aportantes del Sistema Previsional”. De esta manera, alegaron que esta actividad puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado.
El Ejecutivo señaló que la ampliación de las facultades de la ANSES en el otorgamiento de créditos “aparta al organismo de su objeto principal y configura un perjuicio sobre los recursos del Fondo, que afecta y condiciones su sustentabilidad”.
Esta decisión se enmarca en la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, que rige hasta el 31 de diciembre de 2025.
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